El 25 de junio de 2012, se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene como finalidad, de conformidad con el artículo 1, el de establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

La forma de operación básicamente consiste en que las personas que quieren ingresar a la protección del mecanismo lo solicitan y se someten a evaluación en la que se mide el riesgo al que están expuestos en razón de su actividad y en función de ello se pueden dictar medidas urgentes, de protección y preventivas, las que deberán ser concedidas por la Junta de Gobierno.

En lo concerniente a las medias preventivas, se pueden conceder alguna de las siguientes: instructivos, manuales, cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos o acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas.