Entre las medidas implementadas por el Estado mexicano, se dispuso en la Ley General de Víctimas publicada el 9 de enero de 2013, la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, como una instancia rectora del Estado encargada de definir y aplicar política pública de apoyo a víctimas, además de diseñar programas y acciones eficaces para la protección, ayuda, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas referidas en el artículo 4 del mismo ordenamiento, clasificadas en:

· Víctimas directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
· Víctimas indirectas: familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
· Víctimas potenciales: que se identifican con personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
· Asimismo, se consideran víctimas a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

Dentro del mismo marco normativo, se contempla en el artículo séptimo en su fracción VIII, como un derecho a favor de las víctimas, la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos.

Cabe mencionar que en el dictamen aprobado el 29 de abril de 2016 por el Senado de la República, con relación a la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” se establece dentro de las facultades de las Fiscalías Especiales, el decretar medidas de protección en favor de la vida o la integridad de las víctimas, de conformidad con la legislación aplicable.