Con la entrada en vigor de la nueva Ley General en la materia, se estipula que el delito de tortura deberá ser investigado y perseguido de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.

Asimismo, se destaca que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para el delito de tortura son imprescriptibles.

La nueva Ley General, también señala que entre las acciones que deberán realizar las Fiscalías Especializadas una vez que tengan conocimiento de la probable comisión del delito de tortura, es el de informar a las víctimas sobre su derecho a ofrecer un dictamen médico-psicológico elaborado por peritos independientes o, en su caso, por organismos públicos de protección de los derechos humanos cuando se emitan con motivo de quejas interpuestas ante los mismos.

Cabe destacar que al realizar cualquier dictamen de este tipo, se deberán observar las directrices señaladas en la nueva Ley General, así como en el Protocolo de Estambul.

Finalmente, cabe mencionar que el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, se encuentra en proceso de revisión con el propósito de alinear su contenido con los nuevos principios contenidos en la Ley General.

Uno de los objetos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, es establecer los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como sus sanciones.

Con la entrada en vigor de la Ley General, se sustituyen la ley federal y las leyes estatales existentes sobre la tortura.