El Gobierno de México mantiene su compromiso de impulsar y fortalecer el desarrollo integral y el reconocimiento pleno del ejercicio de los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas del país, por ello en 2013 planteó una nueva estrategia con la finalidad de atender sus problemáticas y demandas, a efecto de fortalecer el tejido social, mantener la gobernabilidad nacional e impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, transformando la entonces Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en la actual Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), mediante el acuerdo publicado el 13 de febrero de ese año en el Diario Oficial de la Federación.
La CDPIM es una instancia de acercamiento de la Secretaría de Gobernación con las personas, pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, para impulsar el respeto de sus derechos humanos y colectivos, y su desarrollo integral, mediante un diálogo permanente y constructivo.
Derivado de lo anterior, de febrero de 2013 a julio de 2018, esta Comisión ha llevado a cabo 1,703 mesas de trabajo interinstitucionales, desde donde da seguimiento a los acuerdos concretos establecidos, para encontrar alternativas de solución a las problemáticas que plantearon 40 etnias de 23 entidades federativas del país, principalmente en materia de derechos humanos y colectivos como la libre determinación, sistemas normativos, representación política, participación, consulta y reconocimiento territorial, así como conflictos agrarios y sociales, de acceso a la justicia, entre otros; lo cual permitió coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en las comunidades y pueblos indígenas del país.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con base en lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde se establece que entre los objetivos del INALI se encuentra impulsar una política interCultural del lenguaje para el uso de las lenguas indígenas nacionales en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada, a fin de avanzar en el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México, por lo que el Instituto contribuye en este punto a través de la emisión de recomendaciones en materia de derechos lingüísticos en el ámbito federal y local.
La Ley General de Víctimas en su artículo 27 prevé las medidas de reparación colectivas. Estas tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo y el tejido social y Cultural.
Por último la PGR cuenta con la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, que permite regular la actuación del Agente del Ministerio Público de la Federación en asuntos en donde se vean involucradas personas indígenas por la comisión de delitos federales, ya sea como víctimas u ofendidos, y que al darles la atención, lo hagan con sentido humanista, considerando su lengua, Cultura, usos y costumbres.