La ley que pusimos a la consideración del pleno del senado, con mucha satisfacción, por cierto, se suma a otros dos proyectos recientemente aprobados en materia de Ejecución Penal y Justicia Penal para Adolescentes, y viene a perfeccionar aún más el talante garantista con el que deseamos consolidar un nuevo sistema de justicia en nuestro país. De esta forma, cuando se encuentre en vigor, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se convertirá en una pieza clave de la lucha contra la injusticia, la impunidad y las violaciones graves a los derechos humanos.
La atención a víctimas como un área en constante cambio debido a las necesidades que surgen día a día y en consecuencia demandan de una Ley actualizada, que atienda efectivamente la problemática de las víctimas, y dote de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, para permitirles con ello a las víctimas recuperar su proyecto de vida.
El pasado 26 de abril de 2016, el pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, por el que se expide el Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016 , tiene por objeto establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para los Adolescentes en la República Mexicana; garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados; establecer los principios rectores del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la República Mexicana; establecer las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias del sistema integral de justicia para adolescentes; determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia según su grupo etario; establecer las instituciones, órganos y autoridades especializados, así como delimitar y distribuir sus atribuciones y funciones para la aplicación de las normas del Sistema; establecer los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas; y determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas sancionadoras.