El Comité pide al Estado parte que tenga en cuenta la Recomendación 19 sobre la violencia contra la mujer y tome las medidas necesarias para que la ley sancione adecuadamente todas las formas de violencia contra la mujer y la existencia de procedimientos adecuados para la investigación y el procesamiento. Recomienda que se promueva la promulgación de leyes federales y estatales, según proceda, que criminalicen y sancionen la violencia doméstica y a los perpetradores de la misma y que se adopten medidas para que las mujeres víctimas de tal violencia puedan obtener reparación y protección de inmediato, en particular, mediante el establecimiento de teléfonos de atención 24 horas, el aumento de centros de acogida y de campañas de tolerancia cero respecto de la violencia contra la mujer, para que se reconozca como un problema social y moral inaceptable. Asimismo, el Comité considera especialmente importante que se adopten medidas para la capacitación en derechos humanos y tratamiento de la violencia contra la mujer del personal de los servicios de salud, comisarías y fiscalías especializadas.
Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 26º y 27º Periodo de sesiones
PNDH
PNDH 2014-2018
Estrategia 2.3. Impulsar y fortalecer los mecanismos de alerta para prevenir violaciones de derechos humanos.
Líneas de acción:
2.3.4. Fortalecer el mecanismo de alerta de género para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Estrategia 3.1. Asegurar el enfoque de derechos humanos en la gestión de la Administración Pública Federal.
Líneas de acción:
3.1.1. Proponer reformas al marco jurídico en materia de planeación para transversalizar e institucionalizar el enfoque de derechos humanos.
3.1.3. Transversalizar en las reglas de operación de programas de atención a poblaciones, el enfoque de derechos humanos, igualdad y sustentabilidad.
Estrategia 3.2. Responder a las problemáticas de derechos humanos de personas y grupos específicos.
Líneas de acción:
3.2.2. Implementar acciones afirmativas para hacer realidad el derecho a la igualdad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Estrategia 4.2. Garantizar la reparación del daño y la atención integral a víctimas.
Líneas de acción:
4.2.1. Asegurar la participación de las víctimas y sus defensores en la definición y ejecución de las medidas de reparación.
4.2.2. Brindar atención integral, especializada y adecuada a las víctimas y sus familiares atendiendo a sus especificidades de género e interculturalidad.
4.2.3. Diseñar metodologías con enfoque de derechos humanos e interculturalidad para la atención a víctimas y para la reparación del daño.
4.2.4. Impulsar modelos de reparación del daño transformativos, no revictimizantes y emblemáticos.
4.2.5. Promover la armonización legislativa en materia de reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos.
4.2.6. Elaborar, difundir y promover la aplicación de una guía de atención a víctimas u ofendidos para las entidades federativas.
4.2.7. Fomentar mecanismos y fondos para garantizar la justicia, la reconciliación, la verdad y la reparación.
Acciones reportadas por el Estado Mexicano
En el marco del Programa de Derechos Indígenas, existe el apoyo Derecho a la Igualdad de Género, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la población indígena para el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas con la finalidad de contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad de género a través de acciones intersectoriales, de coordinación y de interlocución con distintos actores.
Entre las modalidades de apoyo se encuentra la de Fortalecimiento para el ejercicio de derechos de las mujeres y niñas indígenas, mediante la cual se apoya a organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas, a fin de promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, mediante el desarrollo de acciones específicas y de formación. Defensores Públicos Federales recibieron capacitación sobre defensa penal con perspectiva de género por parte de INMUJERES.
La Secretaría de la Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, realizó acciones de enero de 2014 a marzo de 2018 a nivel nacional, por parte del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar. Dicho programa es implementado en las 15,143 unidades de salud y ha alcanzo el siguiente impacto en la atención de la violencia contra las mujeres.
El personal de los juzgados y de las distintas áreas administrativas también recibió capacitación en materia de igualdad de género y el derecho a la no discriminación, y por primera ocasión, se hizo llegar al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto elaborado con perspectiva de género.
Desde el año 2015, se ha encargado la Escuela Judicial de organizar un programa de capacitación en materia de género.
Durante 2017 la Unidad de Igualdad de Género de la Procuraduría General de la República, desarrolló 49 acciones de capacitación y sensibilización al personal de la Procuraduría en los temas: prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral; derechos humanos con perspectiva de género, hostigamiento y acoso sexuales; sensibilización y capacitación para la aplicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acosos Sexual; violencia contra las mujeres en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género y acoso y hostigamiento Sexual. La UIG en estas 49 acciones capacitó a un total de 1,431 servidores y servidoras públicas.
De enero a junio de 2018 la UIG ha desarrollado 8 acciones de capacitación en los temas: protocolos de actuación contra hostigamiento sexual; empoderamiento ante el acoso y hostigamiento sexual; módulos denominados “Género y discriminación” y “Violencia de género” dirigido a las y los miembros propietarios y suplentes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses y capacitación específica en Igualdad y no Discriminación. En estas 8 acciones la UIG capacitó a 212 servidoras y servidores.
Es pertinente señalar que el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, en su Compromiso número 8 “Promuevo la igualdad y la no discriminación por motivo de género” destaca varios instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las mujeres, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”. Asimismo, el comentario a su Base 35 “No discriminación por motivos de género” declara que las actitudes y acciones de menosprecio, restricción, exclusión, negación, burla, violencia, estigmatización o cualquier otra que lleve hacia la discriminación de las mujeres, son contrarias al Código y pueden constituirse como causas de responsabilidad administrativa o penal.
