México cuenta con un marco jurídico específico que regula el delito de trata de personas, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos es aplicable a los nacionales y a todas las personas extranjeras que residan o se encuentren en territorio nacional y que hayan sido víctimas de este delito. La Ley establece que las víctimas extrajeras de trata de personas no estarán sujetas a sanciones por su situación irregular o por la adquisición o posesión de documentos de identidad apócrifos. El Capítulo III de esa Ley se refiere específicamente a los derechos de las víctimas extranjeras en México y a las víctimas mexicanas en el extranjero. En ese sentido, los extranjeros víctimas de trata tienen derecho a la asistencia migratoria, además, las autoridades correspondientes deben adoptar todas las medidas necesarias para facilitar su permanencia en territorio nacional hasta su total recuperación o la obtención de la residencia permanente, tienen derecho al retorno voluntario asistido, a regularizar su situación migratoria y cuando se presuma que existen necesidades de protección internacional, derecho a acceder al reconocimiento de la condición de refugiado. El contenido de la Ley General de Trata es consistente con la Ley de Migración, la cual privilegia la atención a grupos vulnerables y a las víctimas de algún delito grave cometido en territorio nacional. En ese sentido, en caso de que las autoridades migratorias identifiquen a una víctima de delito deberán canalizarla a las instituciones especializadas para su debida atención. La Ley de Migración (artículo 159 a 162) tipifica como delito el tráfico ilícito de migrantes, haciendo hincapié en que las sanciones o penas impuestas para este delito aumentarán cuando afecten a niñas, niños y adolescentes y participen funcionarios públicos. Se han instrumentado medidas para informar a la población sobre los riesgos de la migración irregular, ampliar y robustecer las capacidades de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, así como las capacidades en materia de protección internacional, acceso a la justicia y otras acciones destinadas a la protección de los migrantes como los principales elementos para una migración ordenada y segura, con la participación de los Grupos Beta, los cuerpos de seguridad, los organismos estatales destinados a la protección de la población, y la colaboración de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otros actores.