Estrategia. 3.2. Dar a conocer a la población para su protección, los instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
(SEGOB, INMUJERES, APF) Elaborar materiales que contribuyan a la difusión, por una cultura y respeto de los derechos humanos en la población, con el conocimiento de las convenciones internacionales en defensa de los derechos de las mujeres y de los grupos específicos de la sociedad en situación de vulnerabilidad y discriminación.
(SEGOB, INMUJERES) Sensibilizar sobre el contenido de las convenciones internacionales en materia de los derechos de las mujeres en los tres niveles de gobierno.
(APF) Sensibilizar a través de la realización de foros y análisis con participación de la academia, organizaciones de la sociedad civil, y con las empresas, sobre el contenido y alcance de los tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y de los derechos de las mujeres en los tres niveles de gobierno.
Estrategia 4.1. Impulsar una efectiva implementación y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a través de la promoción de medidas de carácter legislativo en todos los niveles del orden jurídico mexicano.
(SSP) Promover la armonización de las legislaciones estatales con los estándares internacionales en materia de combate a la trata de personas, particularmente los establecidos en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de Naciones Unidas.

En el marco del Programa de Derechos Indígenas, habría que destacar dos líneas de acción que lleva a cabo la CDI:
a) excarcelación de indígenas, cuyo objetivo es contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal, acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho, proporcionando servicios de asesoría y gestoría a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, presentación de peritajes en materia antropológica/cultural, y acciones para promover la libertad de personas indígenas. Se otorga apoyo a través de la aplicación de medidas cautelares (garantía económica, reparación del daño, sanción pecuniaria) o salidas alternas (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias) en términos de la legislación que rige al sistema de justicia penal acusatorio. De 2013 a mayo de 2018 se han atendido a 5,157 indígenas, 4666 hombres y 491 mujeres.
b) apoyo a indígenas con intérpretes-traductores en lenguas indígenas, esta acción otorga apoyo a los beneficiarios del Programa a través de la intervención de intérpretes-traductores en lenguas indígenas en diligencias de carácter judicial o administrativa en favor de la población indígena. De 2013 a mayo de 2018 se han atendido a 6,841 indígenas, 4759 hombres y 2082 mujeres.
El CJF a través del Instituto Federal de Defensoría Pública otorga asesoría jurídica a migrantes y personas pertenecientes a grupos en condiciones de vulnerabilidad a través de promover acciones legales en su favor. Asimismo, otorga asistencia legal a mexicanos repatriados.
Durante 2017 y 2018, el Consejo de la Judicatura Federal realizó 177 jornadas de difusión en 44 ciudades del país sobre los siguientes temas ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal: indígenas, pobreza, migrantes, mujeres, víctimas, adolescentes, reclusión y argumentación de hechos. Las jornadas se desarrollaron con la participación de expertos en los temas, jueces locales y federales, defensores, fiscales y asesores jurídicos de víctimas. Se registró una asistencia de 22,690 personas.
La Suprema Corte no tiene competencia en la investigación de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, ha desarrollado criterios que sirven de directrices para las autoridades que se encuentran obligadas a realizar investigaciones en casos de feminicidio (Tesis aislada 1a. CLXII/2015 (10a.), Registro No. 2009086). otros que definen al hostigamiento sexual como una forma que constituye violencia contra la mujer (Tesis aislada 1a. CLXXXIII/2017 (10a.), Registro No. 2015620). y la relación que existe entre violencia, discriminación y subordinación por motivos de género en los delitos contra las mujeres (Tesis aislada 1a. CLXIII/2015 (10a.), Registro No. 2009081), etc.
La Suprema Corte ha emitido tesis jurisprudenciales y aisladas que abordan el tema de la impartición de justicia con perspectiva de género y las obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano. el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la obligación de las autoridades a actuar con debida diligencia.

Véanse, respectivamente, IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA (Tesis aislada P. XX/2015 (10a.), Registro No. 2009998). y DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN (Tesis aislada 1a. CLX/2015 (10a.), Registro No. 2009084).
También la jurisprudencia: ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (1a./J. 22/2016, Registro No. 2011430).
En 2016 se detectó la ausencia de un marco normativo para identificar y atender la violencia política en los procesos electorales dirigida contra las mujeres, por lo cual, el TEPJF encabezó la elaboración de la 1ª versión del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres.
En noviembre de 2017 en el marco del Día internacional para la eliminación de la violencia de género y para atender una defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, el TEPJF presentó la versión actualizada del Protocolo para la atención de la violencia política en razón de género, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Este instrumento fue fortalecido en su conceptualización, a partir de la jurisprudencia emitida por el TEPJF, así como por.
•El consenso interinstitucional en la construcción, homogeneización y utilización del concepto de violencia política.
•La referencia de la normativa de origen nacional –incluido su marco jurisprudencial- e internacional, para desarrollar el concepto.
•La aportación conceptual se nutrió de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres de la OEA CIM. la Recomendación General No. 35 de la CEDAW y la Jurisprudencia 48/2016 del TEPJF.
•Actualización de los procedimientos de atención, actuación e interacción de las instituciones electorales y las de protección a los derechos de las mujeres.
•Sugerencias para la apropiación y utilización del Protocolo dirigido a los diferentes actores involucrados en la materia.
•Su contribución a la cultura de la denuncia. Que las ciudadanas que participan en política cuenten con información puntual y valiosa para exigir y hacer valer sus derechos político-electorales y, en consecuencia, logren incrementar los niveles de éxito judicial.
http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/sabias_que/2012/11/protocolo_atenci_n_violencia_pdf_19449.pdf

El TEPJF a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género por conducto de sus líneas estrategias de vinculación, formación, difusión e investigación, realiza de manera permanente la impartición de capacitación interna y externa, a diferentes públicos objetivos que comprenden de manera directa el fortalecimiento en el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, como son: organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos, precandidatas, candidatas y en el desempeño del cargo, militantes, personas de la academia y universidades, así como autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas, locales y federales, y de institutos de las mujeres locales, entre otras.

Lo anterior, a través de talleres y cursos en materia de derechos político electorales, criterios relevantes, análisis de sentencias, elementos para presentar juicios ciudadanos, así como foros, conferencias, mesas, conversatorios, proyectos de investigación, diagnósticos, cursos en línea, entre otras actividades.De estos grupos objetivos desde el año 2012 al 10 de julio de 2018, se ha atendido a 34,638 mujeres. 17,543 hombres y cinco personas adscritas a otra población, haciendo un total de 52,333 personas atendidas.

Por otro lado, en el marco del fortalecimiento de la administración de justicia y de la consolidación de la protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, el 7 de marzo de 2016 se creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de dar protección jurídica especial que contribuya a que los pueblos y comunidades indígenas estén en aptitud de acceder, en condiciones de igualdad material respecto de las demás personas, a la jurisdicción electoral de forma completa y efectiva, para la defensa y protección de sus derechos político electorales.

Para lograr lo anterior, brinda los servicios gratuitos de 1. Defensa electoral y 2. Asesoría electoral, ambas en favor de los pueblos y comunidades indígenas, o de alguna persona que los integre. El primer servicio consistente en la procuración, representación y/o mandato de defensa de los derechos político-electorales, ante las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. y el segundo consiste en la orientación, guía o instrucción técnica sobre la naturaleza, contenido y alcances de los derechos político-electorales constitucionales, convencionales y legales, establecidos en su favor.

Desde su creación, la Defensoría ha recibido un total de 284 solicitudes de servicio, las cuales se dividen en 162 servicios de asesoría, 113 servicios de defensa, y 9 abstenciones, por ser estos últimos, asuntos de materia distinta a la electoral. De las 284 solicitudes mencionadas corresponden a 533 personas y, de éstas, 215 son mujeres (40.3%) y 318 hombres (59.7%). Algunas de las solicitudes han sido presentadas tanto por uno como por otro género por igual.

Para garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, en la impartición de justicia, se proporcionó capacitación a los servidores judiciales de los cinco distritos de la Institución, con la finalidad de sensibilizar e instruirlos sobre la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
Con ese mismo fin, la Escuela Judicial del Poder Judicial, mediante trabajos de investigación de su alumnado, aporta proyectos de reformas legislativas en materia de derechos humanos y perspectiva de género.

En los Juzgados de Conciliación del Poder Judicial, ubicados comunidades con población indígena se distribuyen carteles y trípticos con información sobre indicadores que permiten identificar las diversas formas de violencia de género y donde acudir a solicitar ayuda, redactados en el idioma maya y de fácil lectura y comprensión, y se instalaron los buzones “Tu Mandas”, en los cuales se pueden conocer las opiniones, dudas y sugerencias de los usuarios.

Derivado de los acuerdos plasmados en el Convenio de Colaboración signado entre la CONATRIB, la Secretaría de Gobernación y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de fortalecer las capacidades de los servidores judiciales de los Tribunales del país, el Poder Judicial y la OIM, Misión en México, del 13 al 15 de marzo de 2017, desarrollaron el Curso denominado “Fortalecimiento de las Capacidades del Poder Judicial en Materia de Trata de Personas desde una Visión Integral de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género”, impartido por la Maestra Mónica Elizabeth Salazar Salazar, Consultora para la OIM y la Organización Polaris Project en Estados Unidos, y la Licenciada Karla Jessica Tapia Reyes, Asistente de Proyecto y Coordinadora en México del Programa para el Retorno, Reintegración y Reunificación Familiar de Víctimas de Trata de Personas en Estados Unidos, dirigido a Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces y servidores judiciales adscritos al área penal de los Sistemas Penal Mixto y del Acusatorio y Oral, para una mejor comprensión del delito y la protección y restitución adecuada e integral de los derechos de las víctimas. Se contó con la participación de 29 personas.

De igual forma, el 20 de junio de 2018, el Maestro Charles Henry Duverger Santiago, impartió la Conferencia denominada “Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia a Personas Migrantes y sus Implicaciones en Materia Jurisdiccional”, a cargo del Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial en Coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirigido al público en general y servidores judiciales.
En cuanto a estas recomendaciones, este Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, reporta la permanente capacitación a las funcionarios jurisdiccionales y administrativos en materia de Derechos Humanos, prevención de Violencia contra las Mujeres, Eliminación de todas la formas de Violencia, Aplicación de Protocolos, en el año 2010, se realizaron 4 talleres. En el año 2011 se llevaron a cabo 1 diplomado, 1 taller, 2 cursos y una conferencia. En el año 2012 se impartieron 2 diplomados y 11 talleres. En el año 2013 se llevaron a cabo 7 cursos y 1 conferencia. En el año 2014 se realizaron 2 foros, 5 talleres, 3 cursos y 2 conferencias. En el año 2015 se llevaron a cabo 3 foros, 2 talleres, 4 cursos y 2 conferencias. En el año 2016 se llevaron a cabo 1 conversatorio, 4 talleres y 1 mesa de trabajo. En el año 2017 se realizaron 1 foro, 7 talleres, 2 cursos y 2 conferencias y en lo que va de enero a junio del año 2018 se han realizado 2 foros, 1 curso, 2 conferencias y 1 mesa de trabajo.

Programa del carnet del migrante, (2010-2013) este tenía como objeto el mantener informadas a las personas en calidad de procesadas(os) o sentenciadas(os), el cual tenía como acción principal, la entrega de un documento que contenía información básica a internos e internas migrantes relativa a la dirección de consulados, nombres de los defensores públicos responsables de su defensa, números de expedientes, juzgados, y rubros para anotar audiencias relacionadas con su proceso, así como los derechos que les asisten de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que además buscaba mantener informada de manera indirecta a familiares de los internos e internas. Cabe mencionar que actualmente el programa se encuentra suspendido. Así mismo en la atención brindada por parte del Instituto de Defensoría Pública de junio de 2011 a junio de 20188 se han atendido a 260175 mujeres mestizas y 29437 mujeres indígenas.


El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió la Circular CJCDMX 22/2018, publicada en el Boletín Judicial No. 116, en la cual se reitera a las y los Titulares de los órganos jurisdiccionales de la institución, que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deben emitir sus determinaciones acorde a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, reiterando la obligación de que en el ámbito de su competencia, se garantice a las mujeres y niñas, de manera especial lo relacionado al acceso a la justicia en condiciones de igualdad, contemplando para ello los elementos para juzgar con perspectiva de género.

El Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza ha fortalecido la administración de la justicia para el acceso a la justicia de las mujeres, en los siguientes rubros:
A través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, ha difundido en el sitio web de esta Unidad (https://derechoshumanos.pjecz.gob.mx/) las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, entre ellas la Recomendación General número 19 y la número 35 (que actualiza la número 19). Ello, a fin de promover su difusión y su conocimiento entre los operadores jurídicos, como son las y los juzgadores, así como personas defensoras públicas.

En este sitio web también se difunden las sentencias más relevantes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido a partir de la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, así como todos los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, como es el de las mujeres.

En el mismo portal de internet, se encuentra una compilación de instrumentos internacionales, y el marco normativo nacional y estatal (Coahuila de Zaragoza) en materia de derechos humanos de las mujeres. Por otro lado, este Poder Público ha venido implementando una capacitación continua y permanente.

La capacitación ha consistido en cursos-talleres y conversatorios, organizados por su Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género en colaboración con USAID Projusticia México, la cual ha tenido lugar principalmente en los años 2017 y 2018. Dentro del diseño curricular de tales cursos y conversatorios uno de los temas principales es el fenómeno de la violencia de género, sus modalidades y sus tipos.

Es importante resaltar que en el mes de octubre de 2017, el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza suscribió el convenio de adhesión al «Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidos de justicia de México», en el cual se adopta un conjunto de obligaciones en la materia, entre las que resalta la de erradicar la violencia de género en el interior del Poder Judicial, así como castigarla y sancionarla por parte de las y los juzgadores.
Asimismo, el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el año 2018, ha venido impartiendo cursos con la siguiente temática: «Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. NOM-046-SSA2 Violencia familiar, sexual contra las mujeres», a personal jurisdiccional y administrativo cuyo objetivo es sensibilizar al personal respecto a las diversas consecuencias que representa el fenómeno de la violencia familiar y sexual infringida principalmente en contra de las mujeres, en los diversos ámbitos de la vida familiar y social.

En el rubro de prevención de la violencia contra las mujeres, la Unidad de Derechos Humanos ha instalado en todos los centros de justicia del Poder Judicial coahuilense, mamparas denominadas «Violentómetro», en los que se establecen niveles de violencia contra las mujeres y se define que acciones concretas configuran la violencia. También los días 25 de cada mes, en el sitio web oficial del Poder Judicial del Estado, y en el propio, difunde referencias en conmemoración a este día contra la violencia de las mujeres.

El Estado de Guanajuato cuenta con un Centro de Justicia para la Mujer, en donde se encuentran dos juzgados especializados en materia familiar y penal. Al respecto se han adoptado los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quienes imparten justicia:

• En casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas.
• Con perspectiva de género. Haciendo realidad al derecho a la igualdad.
• En casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional.

De forma permanente el tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo otorga capacitación al interior de la institución, sin embargo cabe destacar que se otorgó el curso taller sobre protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas» impartido por la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asi como el curso taller sobre el fortalecimiento de las capacidades del poder judicial en materia de trata de personas desde una visión integral de los Derechos Humanos y perspectiva de género, impartido por la Organización Internacional de Migraciones OIM (México).

Para fortalecer la administración de justicia del Poder Judicial del estado de Jalisco, respecto a las mujeres indígenas y migrantes, se cuenta dentro de su personal con tres personas que son peritas/os en las lenguas: WIXARICA, TENEK o HUASTECA, por lo que está preparado para atender mediante los servicios de traducción a mujeres víctimas de las lenguas más prominentes en el estado de Jalisco.

El Poder Judicial integra la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas en el Estado de Jalisco, remite semestralmente datos estadísticos sobre el delito en cuestión y participa en la campaña internacional “Corazón Azul”, difundiendo en el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados del Estado, los materiales que preparó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD) para su amplia difusión a nivel global el cual consta de folletos y posters oficiales de la campaña. en los que se brinda información para detectar este delito y un número telefónico de asistencia.

Como cada año durante seis años consecutivos y en coordinación con la Secretaría del Migrante del estado, se llevó a cabo el Sexto Taller de Migración y judicatura local.

Conferencia Magistral “La Situación de la Trata de Personas en México y sus Causas Estructurales”. Julio de 2017.

Por otro lado el Poder Judicial del Estado de Michoacán se adhirió a los Protocolos de Actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los protocolos siguientes: para juzgar con Perspectiva de Género. Niñas, Niños y Adolescentes. Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. Personas Migrantes Sujetas a Protección Internacional. Orientación e Identidad Sexual. Actos de Tortura, Crueles e Inhumanos así como Personas con Discapacidad.
Análisis del protocolo para juzgar en casos que afecten a personas migrantes sujetas de protección internacional emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 12 de junio de 2017.
Análisis de sentencia a luz del protocolo para juzgar en casos que afecten a personas migrantes sujetas de protección internacional, 13 de junio de 2018.

Análisis del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Capacitación realizada el 9 de mayo de 2017.

Análisis sentencia a la luz del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Capacitación que se realizará el 15 de agosto de 2018.
Taller de detección de víctimas de Trata de personas ponente de la CNDH, durante 2017 y mayo de 2018.

El Poder Judicial de Michoacán forma parte del Comité Interinstitucional en materia de Trata de Michoacán.

Curso de Educación a Distancia “Personas con Discapacidad y Judicatura: Normativa y Jurisprudencia Nacional e Internacional en el Contexto Judicial” año 2016.

Curso de Facilitadores en Lenguas Indígenas del Poder Judicial del Estado. Llevado a cabo del 26 de agosto al 15 de noviembre de 2016

Curso–Taller Intensivo de Juicios Orales para Traductores e Intérpretes celebrado del 1 al 22 de abril del año 2017.

El Poder Judicial del Estado de Michoacán en coordinación con la CONAPRED y el Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia, presentaron la colección “Legislar sin Discriminar”, 8 de marzo 2018. Evento donde se sensibilizó sobre las problemáticas que vulneran los derechos de los grupos históricamente discriminados como personas con discapacidad, pueblos y comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y personas trabajadoras del hogar, entre otras.
Durante los años 2016 al 2017, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en coordinación con SCJN Y OMI, con el objetivo es conocer la problemática internacional, nacional y local del acceso a la justicia de las personas que viven en comunidades y pueblos indígenas. además de la interculturalidad y pluriculturalidad, se capacitó con el “PROTOCOLO DE ACTIUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSITICA EN LOS CASOS QUE INVOLUCREN, DERECHOS DE PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS” y en talleres denominados “ACCESO A LA JUSTICIA. ANTECEDENTES Y RETOS EN UN PAÍS PLURICULTURAL”.

En el Poder Judicial del Estado de Querétaro, se ha exhortado a las Juzgadoras y Juzgadores, mediante oficio y en reuniones de trabajo mensual, para la aplicación de los diversos Protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Género y Derechos Humanos, así como los emitidos por las distintas instancias gubernamentales, encaminados a la igualdad entre Mujeres y Hombres. De igual manera se ha exhortado al funcionariado en el respeto a los derechos humanos en todas y cada una de las actividades que competen a esta Instancia, y actuar con la debida diligencia, respetando y haciendo valer los derechos de los grupos vulnerables.

Cabe mencionar, que en relación a la reforma del sistema de justicia penal en el Estado y su progresiva aplicación a la situación de las mujeres ante las autoridades judiciales. éstos han sido significativos, se ha trabajado en brindar una justicia integral, otorgando la atención inmediata en todos los ámbitos, legal, médico, psicológica, etcétera, así como imponiendo las diversas medidas cautelares a la persona señalada como responsable de la comisión de los hechos posiblemente constitutivos de delito de violencia hacia las mujeres, privilegiando la protección de la víctima. Dentro de estos mecanismos se han fijado medidas cautelares en protección de mujeres víctimas de violencia familiar, de delitos de índole sexual, lesiones y todos en los que se involucran a mujeres.

El 11 once de marzo de 2014 dos mil catorce, el Poder Judicial del Estado de Querétaro, celebró un Convenio de colaboración con el INALI, para la certificación de Peritos intérpretes y traductores en lengua indígena, dando así intervención a los mismos de manera inmediata en los casos que requieran su participación en los asuntos jurisdiccionales, garantizando de manera inmediata el acceso a la Justicia, respetando los derechos humanos de todas las personas, cuando se colocan en una categoría sospechosa.

El 19 de Agosto de 2016 se efectuó en el Auditorio “Felipe Borrego Estrada” del Palacio de Justicia de Zacatecas, el Seminario Internacional Itinerante “La Protección de los Derechos Humanos de Grupos en Condición de Vulnerabilidad”.

Y del 16 al 31 de enero de 2017, se impartió en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia de Zacatecas, el Curso sobre Derechos Humanos de las Mujeres.
En el año 2018 se impartió la conferencia magistral “La aplicación de los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos”. y la presentación de la Guía de Aplicación de Tratados Internacionales para Magistrados, Magistradas, Jueces, Juezas y Operadores del Derecho.
En materia de población indígena el día 10 de marzo de 2016, el Poder Judicial de Baja California celebró la firma de Convenio de Colaboración con la Misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo objeto es realizar acciones en el ámbito de sus respectivas competencias para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de la población indígena en el acceso a la justicia.

Asimismo el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California en sesión ordinaria de fecha 15 de agosto de 2017, aprobó la adopción del Protocolo de Actuación para quienes imparten en Casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas. Los días 23 y 24 de marzo se impartió el curso. Los derechos de los Pueblos Indígenas y su aplicación en las Resoluciones de la SCJN.

b) En materia de migrantes, se han realizado las siguientes acciones: El día 20 de septiembre de 2016, el Poder Judicial del Estado de Baja California celebró la Firma de Convenio de Colaboración Académica con la Organización Internacional para las Migraciones de México, cuyo objeto es establecer actividades de colaboración para fortalecer los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias del personal de las partes para el adecuado desempeño de sus funciones en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como ejes rectores los derechos humanos, la igualdad de género, así como la ética profesional. Asimismo, el Pleno del Tribunal de Justicia del Estado de Baja California en sesión ordinaria de 15 de agosto de 2017, aprobó la Adopción del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes o sujetas a protección internacional.