[Promover programas operacionales, de capacitación y sensibilización:] Intensificar y ampliar las iniciativas en curso para capacitar a los funcionarios de justicia y policía y al personal técnico, como médicos forenses, en la protección de los derechos de la mujer, las técnicas de investigación que tengan en cuenta las cuestiones de género, y la sensibilidad a las necesidades especiales de las mujeres víctimas de violencia;
Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk
RE Viol contra Mujer (ONU) ( Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias (ONU) )
PNDH
Estrategia 2.1.- Impulsar desde el Poder Ejecutivo Federal, con pleno respeto a su autonomía, políticas de colaboración con los poderes de la Unión, ordenes de gobierno y organismos públicos de defensa y las procuradurías de derechos humanos.
(SEGOB, APF) Desarrollar acciones de capacitación y educación conjunta con los organismos públicos de defensa y procuradurías de derechos humanos.
Estrategia. 3.3. Capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos de la APF sobre el contenido y alcance de los derechos humanos.
(APF, SPF) Diseñar y aplicar programas permanentes de capacitación básica en derechos humanos a los/as servidores/as públicos/as de la APF, en el ámbito de sus atribuciones.
(APF, SEGOB, SFP) Diseñar, aplicar y ampliar los programas permanentes de capacitación especializada en las necesidades de los grupos vulnerables y personas en situación de discriminación para el respeto y garantía de los derechos humanos, a las y los servidores públicos de la APF, en el ámbito de sus atribuciones.
Estrategia 2.4. Consolidar la perspectiva de derechos humanos en la prevención del delito, procuración de justicia y ejecución de sentencias.
(SSP, PGR) Garantizar y consolidar una atención profesional a la víctima del delito.
(PGR, SSP) Diseñar protocolos y guías modelo para la atención de víctimas por tipo de delito, así como guías para la constitución de grupos de autoayuda en su rehabilitación.
Acciones reportadas por el Estado Mexicano
En el mismo periodo de 2015 a junio de 2018 se han impartido capacitaciones a 7,068 personas relativas al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.En lo que respecta a las sentencias se puede observar un incremento en las resoluciones que utilizan la perspectiva de género como método de análisis de acuerdo con lo reportado por los órganos Jurisdiccionales en el SISE.
Para el tema de datos se sugiere consultar al BANAVIM y al INEGI.
De enero a diciembre de 2017, capacitó a 2903 servidores y servidoras públicas (1369 mujeres y 1534 hombres), en temas de: prevención y atención del HAS, derechos humanos con perspectiva de género, conceptos básicos de género, argumentación jurídica con perspectiva de género, básico de igualdad y no discriminación con perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista, básico de masculinidades, introducción a los derechos humanos y perspectiva de género en la procuración de justicia, básico de Violencia de Género.
En lo referente al 2018, la UIG hasta el mes de junio ha capacitado a un total de 673 personas (425 mujeres y 248 hombres), en temas de: protocolos de actuación contra hostigamiento sexual, sororidad entre mujeres, empoderamiento ante el acoso y hostigamiento sexual, perspectiva de Género, básico en Igualdad y no Discriminación con Perspectiva de Género, capacitación específica en Igualdad y no Discriminación, paternidades, afectivas y corresponsables, género y discriminación.
El Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, en su Compromiso número 8 “Promuevo la igualdad y la no discriminación por motivo de género” destaca varios instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las mujeres, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”. Asimismo, el comentario a su Base 35 “No discriminación por motivos de género” declara que las actitudes y acciones de menosprecio, restricción, exclusión, negación, burla, violencia, estigmatización o cualquier otra que lleve hacia la discriminación de las mujeres, son contrarias al Código y pueden constituirse como causas de responsabilidad administrativa o penal. La Base 37 “Entorno laboral libre de violencia” establece que el personal de la Procuraduría deberá promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como garantizar su acceso a un entorno laboral libre de violencia. La Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia ha capacitado a alrededor de veinte mil servidoras y servidores públicos de la Institución y continúa capacitando al resto del personal de nuevo ingreso, en una labor de carácter permanente.
Del 1 de septiembre 2017 al 30 de junio de 2018, se llevaron a cabo 51 actividades en las que se capacitaron 2 mil 214 personas (1 mil 352 mujeres y 862 hombres) dirigidas a personal sustantivo (ministerial, pericial y policial), cuya actividad está relacionada con la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de delito, y a personal administrativo de dependencias e instituciones del Gobierno de la República, del estatal y municipal y organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Por otra parte, personal adscrito a la FEVIMTRA, ha participado en 35 actividades de capacitación, organizadas por otras instancias, asistieron 100 operadoras y operadores del Sistema de Justicia Penal.
Ha desarrollado una estrategia de capacitación y certificación para profesionalizar al personal que presta servicios de atención a víctimas de la violencia principalmente en los Centros de Comando, control, comunicaciones y cómputo (C4), diseñados para coordinar y supervisar los planes y programas en materia de Seguridad mediante tecnología computacional e infraestructura de comunicaciones, su objetivo principal es el de mejorar la reacción entre elementos de seguridad y operadores de emergencias en situaciones de crisis con un tiempo de respuesta eficiente mediante la obtención de información oportuna.
A través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, ha difundido en el sitio web de esta Unidad (https://derechoshumanos.pjecz.gob.mx/) las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, entre ellas la Recomendación General número 19 y la número 35 (que actualiza la número 19). Ello, a fin de promover su difusión y su conocimiento entre los operadores jurídicos, como son las y los juzgadores, así como personas defensoras públicas.
En este sitio web también se difunden las sentencias más relevantes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido a partir de la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, así como todos los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, como es el de las mujeres.
En el mismo portal de internet, se encuentra una compilación de instrumentos internacionales, y el marco normativo nacional y estatal (Coahuila de Zaragoza) en materia de derechos humanos de las mujeres. Por otro lado, este Poder Público ha realizado venido implementando una capacitación continua y permanente.
La capacitación ha consistido en cursos-talleres y conversatorios, organizados por su Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género en colaboración con USAID Projusticia México, la cual ha tenido lugar principalmente en los años 2017 y 2018.
Dentro del diseño curricular de tales cursos y conversatorios uno de los temas principales es el fenómeno de la violencia de género, sus modalidades y sus tipos.
Es importante resaltar que en el mes de octubre de 2017, el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza suscribió el convenio de adhesión al «Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidos de justicia de México», en el cual se adopta un conjunto de obligaciones en la materia, entre las que resalta la de erradicar la violencia de género en el interior del Poder Judicial, así como castigarla y sancionarla por parte de las y los juzgadores.
Asimismo, el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, durante el año 2018, ha venido impartiendo cursos con la siguiente temática: «Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. NOM-046-SSA2 Violencia familiar, sexual contra las mujeres», a personal jurisdiccional y administrativo cuyo objetivo es sensibilizar al personal respecto a las diversas consecuencias que representa el fenómeno de la violencia familiar y sexual infringida principalmente en contra de las mujeres, en los diversos ámbitos de la vida familiar y social.
En el rubro de prevención de la violencia contra las mujeres, la Unidad de Derechos Humanos ha instalado en todos los centros de justicia del Poder Judicial coahuilense, mamparas denominadas «Violentómetro», en los que se establecen niveles de violencia contra las mujeres y se define que acciones concretas configuran la violencia.
También los días 25 de cada mes, en el sitio web oficial del Poder Judicial del Estado, y en el propio, difunde referencias en conmemoración a este día contra la violencia de las mujeres.
El tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo de manera continua imparte cursos de capacitación dirigido a magistradas, magistrados, jueces, juezas y personal administrativo en diversos temas de derechos humanos y violencia de género.
El Poder Judicial del estado de Jalisco desarrollo para cada una de la capacitación que ofrece una metodología para cumplir el objetivo de aprendizaje que consistió por ejemplo en el caso del taller sobre el Protocolo para Juzgar con PEG.
En el sitio web destinado para la Unidad de Igualdad y Género del Poder Judicial, se estableció un apartado cuyo contenido es un cúmulo de normativa jurídica de orden nacional e internacional, a saber: convenciones internacionales leyes federales y estatales, sentencias relevantes y los protocolos de actuación para quienes imparten justicia, los cuales se constituyen como una útil fuente de información y consulta para los justiciables y el personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.