Algunos grupos comunitarios y de la sociedad civil se han organizado y han creado sus propias medidas de vigilancia y protección contra los desalojos forzosos. Si bien esto es comprensible, es el Estado y las autoridades locales quienes deben proporcionar una protección procesal adecuada, de conformidad con la Observación general N 7, que indica que entre las garantÌas procesales que deberían aplicarse en relación con los desalojos forzosos figuran: a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificacién a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) la información sobre los desalojos previstos y, en su caso, sobre los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo; e) la identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) el abstenerse de efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o sea de noche; g) el ofrecimiento de recursos jurídicos; y h) la prestación de asistencia jurídica, siempre que sea posible, a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.

Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación, Sr. Miloon Kothari

RE Vivienda (ONU) ( Relator Especial sobre Vivienda Adecuada como un Elemento Integrante del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado (ONU) )