[En materia de garantías procesales y protección judicial:] Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, no solo por vía legal, sino particularmente en la práctica de las autoridades del INM, que desde el momento en que se inicie un procedimiento administrativo migratorio, así como cuando se decida detener a un migrante, se salvaguarden las garantías del debido proceso reconocidas en la Convención Americana, la Constitución mexicana, la Ley de Migración, así como en otras normas aplicables. Esto incluye el derecho de estas personas a contar con las condiciones necesarias para que pueden defenderse en el marco de los procedimientos migratorios que se les adelantan y cuestionar las decisiones que les afecten. En este sentido, se debe garantizar que en todas las fases de sus procedimientos migratorios las personas involucradas cuentan con asistencia jurídica y traductores, se les informa sobre sus derechos, mecanismos e instancias para recurrir dichas decisiones, y que estas se encuentren debidamente fundamentadas.

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México

CIDH ( Comisión Interamericana de Derechos Humanos )

Instituto Nacional de Migración