La Ley General de Víctimas ordena que las políticas públicas den respuesta a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos con un “enfoque transversal de género y diferencial particularmente, en la atención a la infancia, los adultos mayores y la población indígena”.

El Modelo Integral de Atención a Víctimas establece los servicios que deberán brindarse a personas en situación de víctima, con medidas específicas como la ayuda inmediata, la asistencia y la reparación integral, bajo tres enfoques transversales: psicosocial, de género diferencial y especializado y de derechos humanos.