El ejercicio del presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR) ascendió a 16,027,549.9 miles de pesos, cifra superior en 0.8% respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de 15,897,460.3 miles de pesos.
Este comportamiento se debió al resultado neto de las ampliaciones líquidas al presupuesto por 799,764.0 miles de pesos derivadas de: numerario de bienes que causaron abandono, decomisos y otros ingresos excedentes por 486,679.2 miles de pesos y el incremento a las percepciones por 313,084.9 miles de pesos; así como de las reducciones líquidas por 666,704.1 miles de pesos de los que 664,204.1 miles de pesos fueron transferencias al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por los siguientes conceptos: recorte aplicado por la SHCP por medidas de control presupuestario por 384,821.3 miles de pesos de servicios personales (300,000.0 miles de pesos) y de otros capítulos de gasto (84,821.3 miles de pesos), medidas de cierre presupuestario por 245,103.9 miles de pesos de servicios personales (230,257.0 miles de pesos) y de otros capítulos de gasto (14,846.9 miles de pesos), medidas de racionalidad y austeridad de servicios personales por 34,030.0 miles de pesos y 248.9 miles de pesos por subejercicios; y 2,500.0 miles de pesos que se traspasaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores derivado de la Política de Techo Único (ocupación de oficinas de la PGR en instalaciones de la SRE en el exterior); quedando así un presupuesto modificado al final del ejercicio de 16,030,520.2 miles de pesos, del cual se ejerció prácticamente el 100.0% toda vez que quedaron únicamente 2,970.3 miles de pesos de remanentes derivados principalmente por reintegros.
Con los recursos asignados a la PGR, se realizaron los esfuerzos necesarios para atender los requerimientos de las Unidades Responsables, los cuales fueron orientados a la consolidación de la reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia, garantizando, en la investigación y persecución del delito, la traslación de un proceso penal mixto a uno de corte acusatorio y oral, cuidando los derechos de las personas imputadas y especialmente los de las víctimas del delito, así como los nuevos sujetos (imputado y su defensor; el ministerio público; la víctima y su asesor jurídico) en el marco de las normas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.